Un comunicado de prensa de la Casa Presidencial, anunció que no se tomará ninguna medida para detener el proyecto de minería a cielo abierto en Crucitas de San Carlos, debido a "si bien la Sala (Constitucional) reconoce que el Poder Ejecutivo tiene plenas competencias y atribuciones para rescindir, por razones de oportunidad, conveniencia, mérito o de interés público las concesiones y permisos otorgados en el pasado a cualquier empresa, a la vez advierte que deberá "enfrentar las eventuales responsabilidades consecuentes", de modo que la eventual rescisión de los permisos otorgados por el Poder Ejecutivo para la operación de la Mina Las Crucitas causará demandas millonarias, cuyas posibles indemnizaciones tendremos que pagar todos los costarricenses."
En el comunicado de la Presidencia, se indica que después de un estudio de una comisión formada por el Vicepresidente de la República Alfio Piva y representantes del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, el gobierno optará por no detener este proyecto, basándose en un controvertido fallo de la Sala Constitucional, que expresa que en el proyecto minero no existen riesgos de contaminación del agua, contaminación por cianuro, y que "las medidas de compensación ambiental que realizará la empresa concesionaria, superan el impacto que dicha actividad generará en la zona y en el país."
Sin embargo, este fallo en el que se basa la Presidencia de la República, ha sido duramente criticado por diversos sectores de la sociedad, por basarse en un informe de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) emitido con base en criterios de estudios de impacto ambiental realizados por empresas privadas, y sin que los funcionarios de Setena inspeccionaran a cabalidad el proyecto.
Finalmente, Casa Presidencial señala que "dado lo anterior, y en vista de que la legalidad de estos actos continúa discutiéndose ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el Poder Ejecutivo esperará la sentencia y la obedecerá con el más incuestionable respeto, como es su deber ciudadano y constitucional".
El Presidente del SEC Gilberth Díaz, lamentó que el Poder Ejecutivo no haya optado por detener este proyecto, debido a las terribles consecuencias ambientales que acarreraría no sólo por el manejo de sustancias tóxicas, sino además por la tala masiva de bosques y la destrucción ambiental de graves proporciones.
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