Hoy más que nunca, la soberanía nacional está amenazada y atropellada, luego de que la Asamblea Legislativa, por iniciativa del gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla y su Ministro de Seguridad José María Tijerino, autorizara a 46 buques de guerra artillados, decenas de helicópteros armados, y 7.000 soldados del ejército de Estados Unidos, a ingresar y permanecer en aguas nacionales, con libertad de movilización terrestre por todo el país, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico.
El SEC repudia categóricamente esta decisión, porque permite que el ejército más grande del mundo utilice nuestros mares y territorio como una base de operaciones militares, lo que nos somete a los intereses de una nación extranjera, y nos sitúa en una posición de severo riesgo en caso de que se presente un conflicto bélico internacional. Para nadie es un secreto, que el gobierno estadounidense se prepara para una eventual guerra regional o global, producto de las crecientes diferencias ideológicas y políticas entre las naciones del orbe. A nivel de nuestra región, esta movilización se manifiesta en el establecimiento de bases militares de dicho ejército en Colombia, además del plan de instalar soldados en Panamá, a la que ahora se suma Costa Rica. La situación geopolítica regional es tensa, hace apenas un año ocurrió el golpe de Estado en Honduras, crecen las tensiones contra Venezuela, y las movilizaciones populares contra los gobiernos de derecha, como ocurre actualmente en Panamá, todas ellas naciones vecinas de la nuestra.
Repudiamos esta autorización, porque además permite que soldados estadounidenses, puedan ingresar por nuestros puertos, transitar por el país, y actuar libremente, sin definir claramente sus límites. Esta venia, somete al pueblo entero de Costa Rica a la voluntad de los militares estadounidenses, dejándonos indefensos ante sus actuaciones, y poniendo en severo riesgo la estabilidad política y la seguridad nacional, en un momento histórico de creciente división social en nuestro país. A lo largo de su historia, el ejército de los Estados Unidos ha cometido violaciones sumamente graves contra los derechos humanos en aquellas naciones donde mantienen bases militares. Ejemplos tan dramáticos como el ocurrido en Panamá en diciembre de 1989, cuando barrios pobres completos fueron bombardeados y cientos de personas murieron, a manos de soldados que ensayaban nuevas armas, demuestran que dicha fuerza militar no respeta la soberanía de otros países, y es capaz de cometer atrocidades con tal de defender los intereses de Estados Unidos. Si esto llegara a ocurrir, quedaríamos totalmente indefensos, ya que la autorización legislativa inclusive implica la renuncia a presentar cualquier reclamo por daño, pérdida o destrucción de la propiedad de otro, lesiones o muerte del personal de ambos que surgieran de las actividades.
Compartimos la inquietud del gobierno por la lucha contra el narcotráfico, pero en nada aprobamos que se use el mismo como excusa para permitir el ingreso de miles de soldados. La experiencia de otras naciones, como México o Colombia, evidencia que la militarización de la lucha contra el narco no da resultados positivos, sino que eleva el nivel de violencia social, además de que se comenten severos abusos contra personas que no tienen nada que ver con este conflicto.
Exigimos al gobierno de Laura Chinchilla, quien propuso este permiso, que dé marcha atrás de inmediato, y detenga el ingreso de las tropas a nuestro territorio. No debe someterse a Costa Rica a una colonización militar, ni exponer el país a ser el eje de un conflicto internacional. Esperamos que el actual gobierno, no tenga que cargar sobre sí la responsabilidad si la soberanía nacional, la integridad del pueblo y el patrimonio nacional, son amenazados y acatados por estas tropas extranjeras. Llamamos al Magisterio, a todas las organizaciones sociales y a todo el país, a manifestarnos en contra de esta invasión. El futuro de Costa Rica, su independencia y su integridad, no deben ser puestos en juego con decisiones tan inadecuadas como esta.
El SEC repudia categóricamente esta decisión, porque permite que el ejército más grande del mundo utilice nuestros mares y territorio como una base de operaciones militares, lo que nos somete a los intereses de una nación extranjera, y nos sitúa en una posición de severo riesgo en caso de que se presente un conflicto bélico internacional. Para nadie es un secreto, que el gobierno estadounidense se prepara para una eventual guerra regional o global, producto de las crecientes diferencias ideológicas y políticas entre las naciones del orbe. A nivel de nuestra región, esta movilización se manifiesta en el establecimiento de bases militares de dicho ejército en Colombia, además del plan de instalar soldados en Panamá, a la que ahora se suma Costa Rica. La situación geopolítica regional es tensa, hace apenas un año ocurrió el golpe de Estado en Honduras, crecen las tensiones contra Venezuela, y las movilizaciones populares contra los gobiernos de derecha, como ocurre actualmente en Panamá, todas ellas naciones vecinas de la nuestra.
Repudiamos esta autorización, porque además permite que soldados estadounidenses, puedan ingresar por nuestros puertos, transitar por el país, y actuar libremente, sin definir claramente sus límites. Esta venia, somete al pueblo entero de Costa Rica a la voluntad de los militares estadounidenses, dejándonos indefensos ante sus actuaciones, y poniendo en severo riesgo la estabilidad política y la seguridad nacional, en un momento histórico de creciente división social en nuestro país. A lo largo de su historia, el ejército de los Estados Unidos ha cometido violaciones sumamente graves contra los derechos humanos en aquellas naciones donde mantienen bases militares. Ejemplos tan dramáticos como el ocurrido en Panamá en diciembre de 1989, cuando barrios pobres completos fueron bombardeados y cientos de personas murieron, a manos de soldados que ensayaban nuevas armas, demuestran que dicha fuerza militar no respeta la soberanía de otros países, y es capaz de cometer atrocidades con tal de defender los intereses de Estados Unidos. Si esto llegara a ocurrir, quedaríamos totalmente indefensos, ya que la autorización legislativa inclusive implica la renuncia a presentar cualquier reclamo por daño, pérdida o destrucción de la propiedad de otro, lesiones o muerte del personal de ambos que surgieran de las actividades.
Compartimos la inquietud del gobierno por la lucha contra el narcotráfico, pero en nada aprobamos que se use el mismo como excusa para permitir el ingreso de miles de soldados. La experiencia de otras naciones, como México o Colombia, evidencia que la militarización de la lucha contra el narco no da resultados positivos, sino que eleva el nivel de violencia social, además de que se comenten severos abusos contra personas que no tienen nada que ver con este conflicto.
Exigimos al gobierno de Laura Chinchilla, quien propuso este permiso, que dé marcha atrás de inmediato, y detenga el ingreso de las tropas a nuestro territorio. No debe someterse a Costa Rica a una colonización militar, ni exponer el país a ser el eje de un conflicto internacional. Esperamos que el actual gobierno, no tenga que cargar sobre sí la responsabilidad si la soberanía nacional, la integridad del pueblo y el patrimonio nacional, son amenazados y acatados por estas tropas extranjeras. Llamamos al Magisterio, a todas las organizaciones sociales y a todo el país, a manifestarnos en contra de esta invasión. El futuro de Costa Rica, su independencia y su integridad, no deben ser puestos en juego con decisiones tan inadecuadas como esta.
Resolución aprobada en la sesión de trabajo del 15 de Julio de 2010, por el III Congreso Ideológico del SEC.
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