La Asociación Costa Rica Íntegra, compuesta por ciudadanos y organizaciones sociales, presentó un informe sobre la naturaleza y estado de corrupción en los sistemas educativos, haciendo énfasis en Costa Rica, con consonancia con los análisis sobre la materia que realiza Transparencia Internacional, organización a la que están ligados.
La exposición contó además con la participación de la diputada Carmen Granados, del Partido Acción Ciudadana, quien hizo un análisis político del tema y acusó a varios funcionarios públicos, entre ellos la legisladora Elibeth Venegas y el Viceministro del MEP, Mario Mora por supuestos casos de corrupción en la educación.
Participó también el Secretario de la Juventud del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, Edgardo Morales, quien detalló el papel del sindicalismo para combatir este mal.
El evento se llevó a cabo el lunes 28 de octubre de 2013 en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa.
El informe fue explicado por el politólogo Steffen Gómez, quien destacó que el sector educación está cada vez más expuesto a la corrupción, debido a una serie de factores como la asignación de enormes prespuestos, falta de rendiciones de cuentas, y presiones de los sectores privados.
Gómez señaló cinco grandes desafíos que deben ser abordados por el gobierno y la sociedad civil:
1. Proteger y garantizar los recursos educativos contra la corrupción, situación crítica debido a que los Estados giran muchísimos fondos y recursos en este campo. El desafío consiste en supervisar efectivamente esos recursos asignados, con auditorías independientes y fiscalización civil del gasto. Señaló que hay pocas organizaciones en Costa Rica dedicadas a esta tarea.
2. Eliminar la corrupción para asegurar la educación general básica, ya que los actos corruptos limitan el acceso a la enseñanza, especialmente para los sectores pobres. Urge a llevar la educación a sectores pendientes de cobertura. Deben crearse incentivos pero además mejores condiciones laborales para el Magisterio, y que los docentes se dediquen a educar a la sociedad sobre ste problema.
3. Deben prevenirse las influencias para preservar la integridad educativa, la cual se ve socavada por los intereses privados. Un fenómeno actual es que los Estados invierten menos en investigación, o lo hacen por intereses políticos, mientras estas actividades son pagadas por el sector privado, algunas veces con la intensión de favorecer el lucro. Ante ello se recomienda crear redes de transparencia, divulgar presupuestos y detectar los plagios.
4. Debe asegurarse la integridad a traves de la acreditación de la educación superior. Existen universidades fantasmas que son fábricas de títulos, pero además hay organizaciones de acreditación igual de irregulares que certifican aquellos centros educativos. Se recomienda el análisis independiente en este rubro.
5. El desafío más complejo es convertir los centros educativos y a los docentes en la base de la lucha contra la corrupción. Cuando la corrupción se practica en las escuelas, se reproduce silenciosamente este sistema. En otros países, a los docentes no se les exige ahora sólo un título académico, sino además pruebas de idoneidad.
Gómez concluyó señalando que la corrupción no se limita a los actos que ejerce la clase política, sino que la misma refleja los vicios de corrupción de toda la sociedad, que se manifiestan cuando alguien alcanza el poder.
Carmen Granados, diputada del PAC; secundó las palabras de Gómez, diciendo que no todos los políticos son corruptos. Ella consideró que este tema es trascendental por lo bienes jurídicos que se ponen en juego. Consideró que el país debe sembrar valores de cultura solidaria, crear trabajo decente, o de lo contrario sufrirá las manipulaciones de quienes ejercen el poder. Consideró que los jóvenes son los más afectados por la corrupción, y la misma marca sus vidas, sus esfuerzos se ven arruinados por otras personas que acceden a trabajo y cargos por medios corruptos.
Granados expresó que ella se cuestiona muchas cosas en una institución como el Ministerio de Educación Pública, que recibe cerca del 7,2% del Producto Interno Bruto, cifra que calculó en 40.000 millones de colones, el doble de lo gastado en la trocha.
La diputada Granados recordó las palabras del Ministro de Educación, Leonardo Garnier, quien al referirse a los directores que inflan las matrículas para recibir bonificaciones, indicó que es muy difícil probar esos actos en los tribunales.
Granados además acusó directamente a la también diputada del Partido Liberación Nacional, Elibeth Venegas, de la práctica de actos de corrupción educativos. Granados expresó que cuando Venegas fue asesora nacional de educación, fue denunciada por facilitar el nombramiento o traslado de familiares en el MEP, o escondiendo información de concursos, actos que Granados acusa fueron realizados "en contubernio con el actual Viceministro del MEP Mario Mora". Granados expresó que Venegas persiguió a las personas que trataron de evidenciar estos supuestos actos corruptos.
La legisladora Granados también lanzó acusaciones contra la Directora de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) por la remoción de personal, para permitir el nombramiento de personas cercanas. Aseguró Granados además que existe un silencio cómplice de parte del Sistema Nacional de Acreditación (SINAES) y del Consejo Nacional de Recores (CONARE).
El tercer participante del evento fue Edgardo Morales Romero, Secretario de la Juventud del SEC, quin abordó el tema desde la perspectiva sindical y su papel en la lucha contra la corrupción. Morales rescató que la educación es un derecho
universal, y qu como tal debe ser protegido. En este sentido, el SEC logró el reconocimiento de este concepto en la firma de su Convención Colectiva.
Morales analizó el modelo educativo, concluyendo que el mismo es proclive a la corrupción, cuyo ciclo se inicia entre quienes prestan los servicios, los docentes, los padres de familia, y los estudiantes, quienes finalmente sigue reproduciendo este esquema.
Morales se refirió a lo complejo de distingir los actos de corrupción, respecto de la mala gestión administrativa, ante lo que se lamentó por los casos de administradores incompetentes y a la vez corruptos que buscan su enriquecimiento.
El Secretario de Juventud del SEC coincidió en que son precisamente los jóvenes los principals afectados por este problema. Indicó que los jóvenes ven limitado su acceso a la educación, que van quedando en manos de profesionales de menor calidad, que de paso están formando a los profesionales del futuro.
Morales también señaló algunos actos corruptos en el modelo educativo, como el cobro de cuotas de matrícula, práctica prohibida por ley; la explotación y acoso sexual; y la injerencia política, especialmente en el nombramiento de trabajadores interinos, fenómeno que indicó se agudiza más en momentos en que el Gobierno actual va de salida, por lo que procuran garantizar l nombramiento de allegados en puestos públicos.
Morales indicó que el SEC puede abordar una campaña nacional anticorrupción, pero que para esperan un compromiso y participación del MEP. Otros mecanismos que el SEC ha implementado para atacar este mal, es garantizarse la efectiva asignación de recursos, nombramientos transparentes, trámites efectivos, formación sobre Seguridad Social y contra la corrupción, aspectos integrados en la Convención Colectiva SEC-SITRACOME-MEP y en la Política de Juventud SEC.
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