Desde el SEC rechazamos la discriminación por características personales
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, manifiesta su absoluto rechazo a los argumentos planteados por el diputado evangélico Justo Orozco, para solicitar que se inhiba a la legisladora Carmen Muñoz, de analizar el proyecto de ley de sociedades de convivencia entre parejas del mismo sexo.
Los argumentos del señor Orozco, carecen de fundamento legal y social, ya que aduce un supuesto conflicto de intereses, que se estaría legislando en beneficio propio, y hace analogía del caso con la norma que obliga a un juez a desconocer una causa en la que pueda tener interés particular.
El señor Orozco pretende sentar un principio que es improcedente. Un conflicto de intereses ocurre cuando un legislador aprovecha su puesto, para fomentar negocios o intereses particulares y personalísimos. Este no es el caso, ya que el debate gira sobre un asunto de interés social, que afecta a miles de personas. Lo que pretende Orozco es discriminar a una diputada, solamente porque ella coincide en algunas características de la comunidad interesada en el proyecto sobre sociedades de convivencia.
Apoyamos los argumentos de defensa de la diputada Carmen Muñoz, en el sentido de que esto es tan absurdo como impedir que las mujeres puedan votar leyes sobre violencia contra las féminas; o impedir a un legislador con discapacidad, votar una norma para este sector social. La dinámica lógica del sistema político es escuchar a todas las partes, aún a las involucradas directamente, para encontrar un equilibrio que haga justicia a través de las leyes. Impedir este intercambio de ideas, sería negar la libertad de pensamiento y opinión.
Igual de inaplicable pretender exigirle neutralidad a un diputado, como si se trata de un juez. El análisis de este proyecto no obedece a una querella entre partes, sino a la necesidad de un sector que pide a gritos que sus derechos se enumeren en la ley. Se evidencia que el señor Orozco interpreta el tema como una confrontación social, como un conflicto, una concepción que se basa en prejuicios y tergiversaciones de la realidad.
La Asamblea Legislativa se constituye por personas, que representan a las distintas tendencias y corrientes de pensamiento. Su función es legislar en representación del pueblo que los eligió. Sería una incoherencia tratar de impedirles analizar un asunto sólo por su características personales. Resulta más odioso y repudiable aún, pretender negarle derechos humanos a un grupo de personas sólo por sus cualidades personales, mientras otros grupos en el mundo sí gozan de estos derechos.
Instamos a los responsables de dirimir este conflicto, a rechazar de manera tajante la solicitud del diputado Orozco, y a sentar un precedente dentro del Plenario, para que solicitudes de tan bajo calibre, nunca vuelvan a ser planteadas. No se puede permitir que el principal foro político del país, se convierta en una tribuna de odio y persecución contra un sector de la sociedad, que al igual que el resto de los costarricenses, forma parte de esta democracia, y tiene derecho a recurrir a las vías que ésta establece, para hacer escuchar su voz.
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