Exigimos una investigación contra los responsables de permitir la destrucción ambiental en beneficio de la minería
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, aplaude y respalda la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, que anula la concesión a mina a cielo abierto en Crucitas de San Carlos, administrada por Industrias Infinito S.A.
En el por tanto de la sentencia, el Tribunal evidencia una serie de acciones de parte de diferentes instituciones estatales, por cuya omisión o por fallos emitidos sin respaldo, se allanó el camino para permitir la concesión a esa empresa minera. Las pruebas demostraron que el Decreto de Interés Nacional, firmado por el Expresidente Óscar Arias, para permitir la tala de hectáreas enteras de bosques protegidos, fomenta la destrucción indiscriminada del ambiente, en especial de especies que se encuentran en peligro de extinción. Resulta irónico que en administración Arias se hablara de paz con la naturaleza, mientras se ponía en práctica una política permisiva de destrucción y explotación irresponsable de nuestros recursos naturales.
Aplaudimos la decisión valiente de los jueces de recomendar llevar el caso al Ministerio Público, para valorar la apertura de causas penales contra el expresidente Arias, el ex Ministro de Ambiente y Energía Roberto Dobles, y otros funcionarios públicos. Exigimos que se investigue hasta las últimas consecuencias, a todos los responsables de emitir las resoluciones a favor de la mina Crucitas. Que se lleve ante la justicia a quienes no pensaron en el bienestar del país, sino en los intereses de una empresa transnacional, la cual que ha sido capaz hasta de ensuciar el nombre de personas y movimientos sociales, con manipuladoras campañas de radio y televisión. Las mentiras divulgadas quedan silenciadas ante las verdades relevadas en este juicio.
Deploramos la actuación de la Procuraduría General de la República, que lejos de defender los intereses públicos en beneficio del país, ha tratado de ocultar el carácter oscuro de las resoluciones que permitieron la concesión minera, así como se ocultó la destrucción de un camino público.
Compartimos el criterio del Tribunal de condenar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, al Estado y a Industrias Infinito, al pago de los daños ambientales causados con la tala masiva y alteración de los ecosistemas que ocasionaron en la zona. No obstante, el daño ya está hecho, y la destrucción causada no será fácil de revertir ni se reparará sólo con dinero. Razón por la cual llamamos al Gobierno a mantener una política clara y honesta de protección ambiental y veda permanente de la minería a cielo abierto.
Felicitamos a quienes presentaron esta demanda, por la investigación seria y profunda con la cual evidenciaron las verdades hoy conocidas por todos. Su esfuerzo se suma al realizado por cada opositor, por quienes marcharon, fueron a huelga de hambre y expresaron su rechazo en todas las formas.
Las personas y organizaciones opuestas a esta mina tenemos hoy confianza en la justicia costarricense, por este fallo histórico. Sin embargo, la amenaza de otros daños ambientales sigue vigente.
Llamamos a todo el pueblo costarricense a mantenernos vigilantes y siempre en la lucha, contra proyectos que nos perjudiquen.
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