El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC; manifiesta su rechazo a la concesión de obra pública, que dejará en manos de una empresa privada la administración y el cobro de peajes de la ruta San José – San Ramón, conformada por la autopista General Cañas y la carretera Bernardo Soto. Esta medida es nociva para miles de habitantes de la región occidental del Valle Central, que tendrían que pagar peajes muy onerosos, lo que afectará directamente su situación económica y la de todo el país.
Nos oponemos totalmente a que se profundice la privatización de nuestras principales carreteras nacionales, como ya ocurrió con la ruta San José – Caldera, donde la concesionaria cobra tarifas de peajes con altos sobreprecios, inclusive en sectores donde no hicieron ninguna obra de ampliación o reconstrucción. Un esquema similar se adoptaría en la ruta a San Ramón, donde se podrán más casetas de cobro, a cambio de mejoras menores.
Surgen profundas dudas sobre el modo en que se brindó la concesión, el costo real de la obra, y las razones para otorgarla a dicha empresa. La obra ha sido adjudicada a la compañía brasileña OAS; cuestionada en su propio país, en Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y otros países, por múltiples señalamientos por supuestos actos de soborno a funcionarios públicos, inconsistencias de auditorías, tráfico de influencias, y violación de leyes ambientales y laborales. En varios casos, se ha señalado a OAS por inflar los valores reales de las obras a realizar, con el beneplácito de autoridades locales. Cabe destacar que el propio Ministro de Obras Públicas, Pedro Castro, reconoció haber sido asesor de dicha empresa, lo que genera una relación laboral con esta, lo que evidencia los vínculos entre la concesionaria y el MOPT, ante lo cual no es nada raro que el mismo jerarca esté defendiendo este proceso.
Este proyecto implica un doble gasto para el pueblo, que además de pagar impuestos por mantenimiento de carreteras (recursos que el Gobierno desperdicio y no invierte por negligencia), ahora tendrá que pagar peajes elevados. Y todo ello sólo para engrosar las ganancias de una transnacional y de particulares ligados a sus negocios.
Desde el SEC exigimos al Gobierno de la República respeto por las comunidades afectadas, que se oponen de lleno a este abuso. Nos solidarizamos con los pueblos perjudicados, y dejamos claro nuestro enérgico rechazo a este modelo de concesiones de obra pública en manos de empresas privadas.
Nos oponemos totalmente a que se profundice la privatización de nuestras principales carreteras nacionales, como ya ocurrió con la ruta San José – Caldera, donde la concesionaria cobra tarifas de peajes con altos sobreprecios, inclusive en sectores donde no hicieron ninguna obra de ampliación o reconstrucción. Un esquema similar se adoptaría en la ruta a San Ramón, donde se podrán más casetas de cobro, a cambio de mejoras menores.
Surgen profundas dudas sobre el modo en que se brindó la concesión, el costo real de la obra, y las razones para otorgarla a dicha empresa. La obra ha sido adjudicada a la compañía brasileña OAS; cuestionada en su propio país, en Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y otros países, por múltiples señalamientos por supuestos actos de soborno a funcionarios públicos, inconsistencias de auditorías, tráfico de influencias, y violación de leyes ambientales y laborales. En varios casos, se ha señalado a OAS por inflar los valores reales de las obras a realizar, con el beneplácito de autoridades locales. Cabe destacar que el propio Ministro de Obras Públicas, Pedro Castro, reconoció haber sido asesor de dicha empresa, lo que genera una relación laboral con esta, lo que evidencia los vínculos entre la concesionaria y el MOPT, ante lo cual no es nada raro que el mismo jerarca esté defendiendo este proceso.
Este proyecto implica un doble gasto para el pueblo, que además de pagar impuestos por mantenimiento de carreteras (recursos que el Gobierno desperdicio y no invierte por negligencia), ahora tendrá que pagar peajes elevados. Y todo ello sólo para engrosar las ganancias de una transnacional y de particulares ligados a sus negocios.
Desde el SEC exigimos al Gobierno de la República respeto por las comunidades afectadas, que se oponen de lleno a este abuso. Nos solidarizamos con los pueblos perjudicados, y dejamos claro nuestro enérgico rechazo a este modelo de concesiones de obra pública en manos de empresas privadas.
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