El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, rechaza el fallo de la Sala Constitucional, que exige a la Dirección General de Servicio Civil realizar pruebas específicas de evaluación a las y los oferentes, para ocupar cargos en la administración pública.
A criterio del SEC, la exigencia de realizar pruebas constituye un requisito excesivo, ya que las y los oferentes del registro de elegibles, deben cumplir de antemano la condición de poseer títulos académicos de instituciones educativas debidamente acreditadas. Exigir la realización de pruebas "para calificar el mérito y la capacidad de los oferentes", equivale a ignorar el grado académico y los estudios realizados, a quienes están ya acreditados por la posesión de los títulos respectivos.
Compartimos la preocupación manifestada por el Director del Servicio Civil, de la grave dificultad de realizar pruebas a los miles de oferentes que se presentan a concurso cada año. Ya que como lo afirma, en esta condición, solo quedaría como opción nombrar a más funcionarios interinos, en espera de la realización de pruebas para darles una plaza en propiedad.
Con estos criterios, la Sala lejos de facilitar la selección de funcionarios a la administración pública y su correcto funcionamiento, entorpece la conformación del Servicio Civil, y genera un marco de inseguridad jurídica y laboral, en momentos en que el Gobierno requiere eliminar la inestabilidad generada por el elevado número de funcionarios con nombramiento interino.
Según lo manifiesta el presidente del SEC, Gilberth Díaz, la decisión de la Sala "es un golpe mortal, intencional lanzado contra los funcionarios públicos, y orientado a desarticular el Servicio Civil, como lo exige el proceso de privatización del Estado fomentado por la política neoliberal".
La sentencia de la Sala manifiesta que "resulta imposible aspirar al buen funcionamiento de los servicios públicos, si el recurso humano de la Administración no posee el conocimiento científico y nivel de razonamiento requeridos para el desempeño adecuado de su función". Partiendo de este principio, los primeros funcionarios que deberían realizar estas pruebas de conocimiento son los altos jerarcas, nombrados solo en función del interés político, y no por su capacidad por conocimiento ni por experiencia laboral en el área.
A criterio del presidente del SEC, los funcionarios de confianza, como ministros, viceministros y otro personal designado por el Poder Ejecutivo, son en su mayoría quienes entorpecen el funcionamiento adecuado de las instituciones públicas, pues en muchos casos ocupan cargos sin poseer el conocimiento mínimo para desempeñar su labor. Ante esta carencia, contratan asesorías millonarias para que sean otros quienes realicen sus labores, despilfarrando recursos, y permitiendo la contratación de amigos y familiares como asesores, lo que da pie a casos de corrupción y mal manejo de fondos públicos, como se ha denunciado constantemente este año.
El SEC exige una política de empleo público consecuente, donde se le brinde oportunidades de trabajo a los oferentes ante el Servicio Civil, acreditándose para ello con los títulos de grado académico que ya demuestran de por sí su capacidad académica.
Responsabilizamos a la Sala Constitucional, por el eventual entorpecimiento, desperdicio de recursos y de tiempo, que generará la aplicación de estas pruebas innecesarias. Si el Gobierno tiene un interés legítimo en fomentar una administración pública eficaz y de la más alta calidad, debería empezar por evaluarse a sí mismo y a quienes lo integran, y de paso, separar de sus cargos a quienes evidentemente no cumplen los requisitos de ley para su desempeño.
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