En horas de la mañana del día 10 de Agosto de 2010, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC; informó mediante su boletín electrónico, sobre el desalojo de un grupo de indígenas por parte de agentes de la Fuerza Pública del edificio de la Asamblea Legislativa, ocurrido en la madrugada de esa fecha. Primero, procedimos a enviar una noticia tomada del periódico El País. Luego, enviamos un comunicado de prensa al respecto, declarando nuestro rechazo contra este nuevo acto de represión contra una manifestación popular. Ante ello, la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, envió un comunicado donde dicen desmentir la información difundida por el SEC.
Primero que nada, aclaramos que la comunicación a la que se refiere el Ministerio, es una noticia redifundida, tomada del diario El Pais (www.elpais.cr), medio de comunicación serio que tiene fuentes confiables. Las afirmaciones por tanto no son nuestras, solo reprodujimos la noticia, lo que sí es de nuestra autoría es el posterior comunicado de prensa donde condenamos esta agresión.
Sí confirmamos que El País, posee fuentes y sus periodistas fueron testigos de la agresión policial ocurrida en las afueras del recinto legislativo. Según señalan los periodistas de este medio, ellos mismos presenciaron cómo los indígenas eran arrastrados por oficiales de seguridad interna de la Asamblea Legislativa a los portones del recinto, a la hora del desalojo. En las afueras, los esperaba un grupo de al menos unos 100 policías, quienes al recibir a los indígenas en las puertas, también los arrastraron y maltrataron, aunque aquellos no oponían resistencia. Se cometió un abuso de la fuerza física, inclusive contra ancianas y mujeres. Producto de esta actuación, en la que participaron guardas de la Asamblea y policías, varios indígenas resultaron golpeadas, incluyendo a una mujer con el brazo herido, que confirmó que fue agredida por una persona vestida con uniforme de la Fuerza Pública (la fotografía se adjunta). Otros testigos del hecho expresaron su profundo repudio, al ver a personas mayores siendo arrastradas por el piso y maltratadas de manera gratuita. La movilización policial se manifestó en otras formas, como cuando se trató de retirar a un grupo de manifestantes que se encontraban en las afueras del local legislativo en apoyo a los indígenas; o en el hecho de que el grupo de indígenas desalojados en las afueras de la Asamblea denuncian que en la noche les dieron ronda grupos de veintenas de policías, que pasaban frente a ellos agitando sus macanas en el aire en actitud intimidatoria. Todas estas actuaciones son innecesarias y deplorables, porque causan temor entre la población que ejerce el derecho a la protesta.
Sostenemos nuestras declaraciones de que existió una agresión, ya que se ha restringido el ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación, y se ha cometido un exceso en la fuerza, al enviar a decenas de policías a desalojar y arrastrar por el piso a estos indígenas. Estas formas de violencia se han repetido ya en otras manifestaciones populares (llegando inclusive a la violencia física), como ocurrió en la marcha en el Traspaso de Poderes el 8 de Mayo cuando decenas de personas fueron golpeadas; el mismo 8 de Mayo en San José, donde se decomisaron volantes opuestos al Gobierno a estudiantes universitarios; en la protesta de estudiantes del Liceo Vargas Calvo, donde la policía esperó la llegada de los medios de comunicación para reprimir a los estudiantes; en el desalojo del edificio de SINTRAJAP el 26 de Mayo donde destruyeron parte del mobiliario, destruyeron material con contenido político, y restringieron la libertad de tránsito. Este tipo de actuaciones de parte de la policía no son propios de una sociedad democrática.
Cuando las fuerzas policiales intimidan y agreden al pueblo, han perdido su razón de ser, porque se han vuelto contra las personas que se supone que tienen que defender. Ante ello, llamamos a todas y todos los integrantes de la Fuerza Pública, a actuar en razón de plena observancia de la ley y con absoluto respeto por la integridad humana, cada vez que tengan que afrontar una manifestación popular. La violencia sólo generará más violencia. La creciente militarización en que ha caído la policía de nuestro país, evidenciada en entrenamientos conjuntos programados con los militares de los Estados Unidos en nuestro propio territorio, nos resulta inquietante, ya que la policía está siendo lanzada contra el pueblo mismo como respuesta ante manifestaciones de naturaleza política, que son tergiversadas como violencia y atacadas como si se tratara de delitos. Exigimos al Gobierno de Laura Chinchilla, que detenga la escalada represiva que se ha incrementado durante este Gobierno, y que se respeten los derechos de manifestación y libre expresión, así como el respeto pleno a la integridad humana.
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