Desde hace muchos años el Gobierno debió exigir respeto a la ley y cancelar a los trabajadores el salario mínimo, del que depende la mayoría de familias de escasos recursos para satisfacer sus necesidades, o bien, sancionar a aquellos patronos que realicen este tipo de retenciones, prohibidas por nuestra legislación.
Esta afirmación la hace el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, luego de conocer la posición de la jerarca de trabajo, Sandra Piszk, de impulsar una campaña para exigir el pago del salario mínimo, a la vez que la criticó por manifestar temor por la amenaza de un inminente aumento del desempleo, si no se continúa tolerando esa falta en contra de los trabajadores.
"Si el Ministerio tenía conocimiento de que 309.000 asalariados no obtienen el salario mínimo legal, que establece cada categoría laboral, cómo es posible que no hayan actuado con anterioridad y no es sino hasta ahora que por denuncias anónimas e inspecciones en los centros de trabajo, vayan a proceder forzando a los patronos a cumplir con este derecho", dijo el Presidente del SEC, Gilberth Díaz Vásquez
Considera que "el plan del gobierno no tiene la fuerza suficiente para obligar a tal cumplimiento, por cuanto no es suficiente con hacer una prevención al patrono, para que se ponga a derecho en una segunda supervisión, de lo contrario, la sanción es una simple multa, que de seguro será la opción por la que se inclinarán mucho patronos", indicó.
Para el SEC el tema salarial no debe ser el único que el Ministerio de Trabajo debe hacer respetar, también es importante hacer valer las materias de libertades sindicales, autonomía sindical, fuero maternal y el debido proceso.
El SEC hace un llamado a las autoridades para que propongan un plan que realmente obligue a los patronos a pagar a los trabajadores por su fuerza de trabajo, que no sigan vulnerando derechos fundamentales a los más necesitados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario