El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, condena un nuevo hecho de represión contra una manifestación popular, esta vez por el desalojo violento que se cometió contra un grupo de indígenas que protestaban pacíficamente los días 9 y 10 de Agosto en la Asamblea Legislativa, ante la falta de una ley que regula la autonomía de los pueblos originarios. Repudiamos esta acción de la Fuerza Pública, porque una vez el Gobierno ha preferido agredir al pueblo, antes de escuchar sus petitorias y darles una respuesta acorde a sus necesidades. Rechazamos el uso de la violencia, sobretodo contra mujeres y ancianas que en encontraban en el lugar y que se manifestaban pacíficamente, a quienes desalojaron del edificio legislativo en horas de la madrugada y en medio de un fuerte operativo policial.
El reclamo que mantiene este grupo, es que a lo largo de décadas, uno tras otro gobierno han evadido el debate y la votación de un proyecto que ley que establezca claramente la autonomía de los pueblos indígenas, para administrar sus tierras, aprovechar sus recursos, y resolver sus conflictos de forma autónoma. La historia de los pueblos indígenas está llena de injusticias como esta, que se podrían evitar si el gobierno asumiera una postura responsable y votara esta iniciativa de ley. Pero en vez de ello, los indígenas deben luchar contra las graves consecuencias de no contar con una normativa que les brinde autonomía, lo que provoca que sus tierras caigan en manos de grandes latifundistas o sean vendidas a megaproyectos industriales, que impiden el desarrollo de sus pueblos y les arrebatan los pocos recursos con que hoy cuentan. Este irrespeto por los derechos indígenas son cometidos por el mismo gobierno, que se ha negado a consultarlos ante temas que los afectan directamente, como ocurrió con el incumplimiento de consultarles si aceptaban el Tratado de Libre Comercio con EE.UU.
Ante ello, llamamos al gobierno a que proceda a la mayor brevedad, a votar esta ley, aprobándola o archivándola de acuerdo con el justo reclamo que hacen nuestros pueblos indígenas, exigiendo su autonomía y el derecho de administrar sus tierras ancestrales. Ellos son el pueblo más pobre y con menos oportunidades que tiene nuestro país, y sin embargo, el respaldo del gobierno es nulo y las políticas para favorecerlos, inexistentes. Llamamos a la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, a que le otorgue prioridad a este proyecto y lo vote a la mayor brevedad, otorgando una ley acorde con las necesidades de este pueblo.
Igualmente, exigimos a la Presidenta Chinchilla, detener la creciente represión popular y emplear las fuerzas policiales para beneficio del pueblo, motivo por el que fueron creadas, y no para agredirlo y reprimirlo, como lo viene haciendo a lo largo de los pocos meses de su administración.
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