El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, (SEC) y la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) manifiestan una vez más su apoyo al incremento real y sostenido para los presupuestos de las las Universidades públicas.
Para nosotros, la educación superior pública es una herramienta fundamental para la formación académica de miles de costarricenses y para el desarrollo del país. Las universidades públicas son los centros de enseñanza más grandes de Costa Rica, ellas gradúan miles de nuevos profesionales, con formación social y solidaria. Es por ello que consideramos necesario que el Gobierno no escatime en otorgarles el presupuesto necesario, para mantener la calidad y confianza que dan los profesionales que se egresan de estos centros educativos públicos. De lo contrario, sufriremos las consecuencias de tener una educación superior pública maniatada y menoscabada, favoreciendo una vez más las iniciativas privadas, como se ha dado con la salud, la seguridad, entre otros servicios públicos.
Estamos conscientes de que la situación económica del país es delicada. Sin embargo, no puede nunca mezquinarse con la educación, que ha sido
lo que históricamente ha diferenciado a este país de muchos otros, a nivel latinoamericano y de otras latitudes. Ahorrar en educación es retroceder en desarrollo.
Si debe haber recortes y austeridad es en otros campos, no en los servicios fundamentales y básicos, como son la creación de más puestos burocráticos dentro del Gobierno y los altos salarios de jerarcas. Compartimos el criterio emitido por las universidades, en el sentido de que la falta de rigurosidad del Gobierno a la hora de cobrar impuestos y la sub-ejecución de los presupuestos del Ministerio de Educación Pública, es lo que tiene al presupuesto educativo limitado y en riesgo.
El Gobierno muestra cifras alarmantes sobre los efectos en las finanzas públicas, de aprobar el incremento solicitado; pero lo que realmente se debe valorar es el impacto que sufriría el país si se desmejora la educación universitaria pública, que siempre ha sido garantía de excelencia profesional y que es altamente reconocida por las empresas públicas y privadas. ¿Será que lo que se quiere es la reducción y desestímulo de las planillas universitarias, para que se dé la fuga de académicos al sector educativo privado? Mientras las iniciativas privadas crecen en infraestructura, se pretende desestimular a los centros de estudio estatales. Con ello se incrementa la falta de oportunidades para miles de estudiantes y acrecienta las desigualdades sociales, en un país que cada día es más desigual.
Nos pronunciamos a favor del diálogo y la negociación. Este gobierno debe evitar que posiciones intransigentes obliguen a la comunidad universitaria y a otras fuerzas sociales, a recurrir al recurso de la paralización de funciones.
El SEC y la ANDE exigen al Gobierno dar cumplimiento al mandato constitucional contenido claramente en el artículo 85 de la Constitución Política, en el sentido de otorgar rentas suficientes a las universidades públicas y garantizar que las mismas no disminuyan. Sólo así se podrá garantizar el estudio a los 83.000 estudiantes matriculados actualmente y a los que ingresen en el futuro, así como la ampliación de la infraestructura de estos centros y el estímulo necesario a los profesionales que allí laboran.
El SEC y la ANDE seguiremos vigilantes del desarrollo de las negociaciones e instamos a las autoridades de Gobierno y las Universidades, a la búsqueda de una salida en pro de la educación pública y a garantizar un verdadero aumento del presupuesto de estos centros de enseñanza, ya que quien ganará es el país.
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