Derecho de respuesta enviado con ocasión del Editorial del Periódico La Nación del martes 17 de julio 2012
La negociación que esta semana inició el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC y el Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares y Afines, SITRACOME, con el Ministerio de Educación Pública, tiene por objeto el mejoramiento urgente de la calidad de nuestro sistema educativo y el respeto al ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Fundamentalmente, SEC-SITRACOME proponen políticas de Estado en materia de educación y de trabajo decente, para evitar las condiciones paupérrimas en que se encuentran muchos trabajadores, a quienes ni siquiera se les paga la cuota de la seguridad social, porque son contratados por mecanismos indirectos, que riñen con la normativa vigente en esta materia. Demanda también esta negociación, el reconocimiento del pago de viáticos, transporte y de condiciones habitacionales mínimas de calidad, para aquellas personas trabajadoras de la educación que laboren en zonas rurales de difícil acceso, especialmente a las unidocentes, que con gran vocación y abnegación, dejan las comodidades de sus hogares, para ir a vivir a zonas alejadas y de difícil acceso.
Para SEC-SITRACOME la educación es un concepto integral y jamás se puede restringir a un enfoque solo academicista, sino que constituye la principal herramienta para impulsar el desarrollo económico y social de un país. Los recursos que como nación destinemos a los fines señalados, se traducirán en el mediano y largo plazo, en la mejor inversión económica y social para el país.
La ausencia de una visión integral del modelo educativo, es lo que provoca que hoy Costa Rica esté pasando por una grave crisis de la infraestructura pública, donde la educativa no es la excepción.
El modelo educativo costarricense, a falta de iniciativas, como la que hoy día llevan adelante el SEC-SITRACOME, ha creado una serie de distorsiones que hacen que el MEP no cumpla con sus obligaciones legales fundamentales, en materia de relaciones laborales.
La propuesta del SEC-SITRACOME es producto de la consulta objetiva a las y los trabajadores de la educación de todo el país, acerca de sus principales necesidades, las de los estudiantes y las del sistema educativo en general, mediante una encuesta sobre condiciones de trabajo. Esto nos permitió detectar los principales problemas que las políticas y prácticas administrativas están provocando y que pueden solucionarse con solo ordenar los procesos internos del ministerio, en materia de nombramientos y concursos, además, definiendo los parámetros que protejan el derecho a desempeñar un trabajo decente.
No es posible que personal sea contratado sin concurso y en condiciones inferiores a las garantías constitucionales del trabajo. Esto es motivo de preocupación para quienes buscamos defender la institucionalidad, pero sobre todo, el derecho constitucional a tener un trabajo digno.
Es una gran ligereza, rayando en la irresponsabilidad, calificar de desacierto esta negociación, sin analizar integralmente los motivos y fundamentos jurídicos que la sustentan. ¿Por qué decimos que se requiere el pago de transporte en zonas de alta peligrosidad? Simplemente porque hay compañeros que deben pagar un peaje a los delincuentes que tienen tomadas ciertas zonas del país, a donde ni siquiera ingresa la policía, para ir a su centro de trabajo. También hay zonas que el mismo Gobierno ha catalogado como de bajo desarrollo, en esas condiciones económicas tan difíciles, hay compañeros que a diario lidian con los diversos problemas que rodean a nuestra niñez, juventud y las familias, solo para citar algunos de los temas en discusión, y que el editorialista de La Nación evidentemente ignora.
La negociación va mucho más allá, pues entre otros puntos busca que se atienda la infraestructura del sistema educativo, la formación profesional, la salud laboral y la organización educativa. Es cierto que se plantea la reducción del número de alumnos por aula, pero el editorialista omite referirse a las condiciones de hacinamiento y a los problemas sanitarios que enfrentan en la actualidad nuestros niños, jóvenes y docentes. Tampoco se refiere a la forma en que son atendidas las personas con discapacidad o al sistema de nombramiento de docentes, porque persiste la vieja práctica del clientelismo político, que como forma de corrupción daña a Costa Rica.
La Administración Pública y específicamente la referida a la educación, requiere ordenar las formas de administración del personal, las condiciones de infraestructura, el modelo educativo, la formación y oferta profesional de las universidades públicas y privadas. Así como tomar decisiones respecto de la cantidad de profesionales desempleados, entre otros temas de carácter social y jurídico que el Gobierno ignora o simplemente incumple.
Nuestra propuesta, está orientada a que se cumpla el ordenamiento jurídico, dentro de la perspectiva del principio cristiano de justicia social, que garantiza el artículo 74 constitucional y 1 del Código de Trabajo. Asimismo, que se cumplan los compromisos adquiridos por Costa Rica con la OIT y la UNESCO. No podemos cerrar los ojos a los graves problemas pendientes.
El SEC, precisamente, en su 43 aniversario, puso en la mesa un debate inteligente, visionario e integral que también busca detener toda forma de discriminación contra estudiantes y personal, en las escuelas y colegios costarricenses.
Instamos, respetuosamente a La Nación, para que profundice en los problemas de la educación y en la propuesta del SEC-SITRACOME, y a no quedarse en el pasado, sino a ser parte integral en el aporte de soluciones a la seria crisis que sufre la educación costarricense, que de no atenderse condenará a las futuras generaciones a condiciones de vida muy por debajo de las que merecen.
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