El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, insta a todas y todos los trabajadores de la educación, así como a todos los empleados públicos en general, a sumarse a la jornada nacional de huelga general este miércoles 15 de febrero, sin dejarse intimidar por amenazas proferidas por los jefes.
Cabe señalar que este 14 de febrero, la Viceministra Administrativa de Educación Silvia Víquez Ramírez, emitió la circular DVM-A-05-2012, donde instruye a mandos medios del Ministerio de Educación Pública "a certificar la ausencia de funcionarios administrativos así como los docentes y las lecciones que ese día debieron impartir -en caso de profesores de secundaria- a fin de adoptar las medidas administrativas que en derecho correspondan". El SEC también ha recibido reportes de directores de centros educativos que han amenazado a sus subalternos con tomar medidas legales en caso de asistir a la huelga, y hasta han negado a las y los trabajadores el derecho a sumarse a este movimiento.
El SEC recuerda a toda su afiliación que la huelga es un derecho claramente contemplado por la Constitución Política, el Código de Trabajo, los Convenios Internacionales de la OIT y demás normativa legal vigente. Ningún jefe puede negarle a un trabajador o trabajadora el derecho de sumarse a la huelga, porque la ley le prohíbe expresamente al patrono limitar ese derecho. Tampoco pueden exigir que asistan a firmar listas de asistencia ni llevar controles; así como no pueden exigir documentos probatorios de asistencia a la huelga.
Respecto de lo señalado por la Viceministra Víquez, referente a "medidas administrativas que en derecho correspondan", nos permitimos recordar a las autoridades del MEP que el reciente fallo de la Sala Constitucional, es claro en señalar la interpretación del principio de legalidad de los movimientos de huelga. Producto del fallo, se interpreta que una huelga es legal en sí misma a menos que los respectivos Tribunales declaren la ilegalidad del movimiento con base en criterios establecidos en la ley. Sin una declaratoria judicial de dicha naturaleza, no pueden tomarse medidas en contra de ningún trabajador que se haya sumado a este derecho.
Recordamos además que en un movimiento de huelga se rompen las jerarquías y por lo tanto, no deben presentarse al centro educativo, y mucho menos firmar ningún comprobante de asistencia.
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