El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, condena públicamente el abuso de autoridad de parte de agentes del Organismo de Investigación Judicial en el incidente suscitado el 12 de abril en la Universidad de Costa Rica. Su actuación violenta conllevó a la agresión de estudiantes y funcionarios de esa casa de estudios.
La Universidad de Costa Rica es una institución autónoma en todo sentido, como lo establecen los artículos 84 y 85 de la Constitución Política y demás leyes. En este caso, los agentes del OIJ no podían ingresar al campus sin haber coordinado previamente con la Rectoría. Aunque su interés por evitar un caso de corrupción es aplaudible, no lo es así la forma excesiva con que actuaron, llegando inclusive a invadir el campus universitario con sus carros, poniendo en riesgo los bienes públicos y la vida de quienes allí se encontraban
Es lamentable que se asuman posturas bruscas y se agredieran a estudiantes y funcionarios, que se manifestaban de forma pacífica contra la invasión de su centro de estudios. Golpearon a decenas de personas, algunas de las cuales tuvieron que ser atendidas en centros médicos por fracturas, golpes contundentes en el rostro y cuerpo, pérdida de piezas dentales, y demás lesiones menores. La represión con que actuaron las autoridades judiciales no tiene justificación, sobretodo porque ocurrió contra personas desarmadas, que no estaban cometiendo delito alguno y actuaban de forma pacífica.
Este tipo de hechos son propios de regímenes militares y represivos. Allí se violentó la autonomía de la Universidad y los derechos humanos de sus integrantes, tal y como ocurre en las dictaduras.
Una enorme preocupación nos invade, y que el riesgo de que si hoy actuaron de esta forma en un sitio público, mañana lo hagan en espacios privados, todo en nombre de la seguridad ciudadana.
Si bien es cierto somos un país sin ejército, es evidente la militarización de las fuerzas policiales, al grado de que fueron capaces de irrespetar los derechos humanos de las y los universitarios.
No estoy de acuerdo con la posicion que ha tomado el sector estudiantil y parte del sector publico en este hecho tan reprochable pero para los adultos estudiantes de la UCR y peor aun para los docentes que los educan. Parece increible que abogen una autonomia institucional intentando sobrepasar una cuestion que nos compete a todos, que es la DETENCION DE UN SERVIDOR PUBLICO CORRUPTO. Si los universitarios hubieran dejado realizar la detencion como normalmente se realiza no estuvieramos lamentando esta faceta. Hasta parece un operativo en zonas de impacto social como Sagrada Familia, Las gradas de Cristo Rey o Purral por nombrar algunas, donde la comunidad se opone a la detencion de personas que viven muchas veces con total desprecio por las vidas humanas,,, asi asimilo yo la situacion de la UCR.
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