Para nuestro Sindicato, es claro que estas ideas no son nuevas, sino que responden a la política neoliberal propia de los últimos Gobierno, incluida la administración Chinchilla. A la fecha, existen 3 proyectos de ley en la corriente legislativa (15290, 17623 y 17628), y un anteproyecto, orientados a disminuir o eliminar las garantías laborales de las y los trabajadores del sector público, bajo la excusa de la mejora en la eficiencia y gestión del Estado, sin considerar los graves efectos sociales que tendría una política de empleo de esta naturaleza.
El Gobierno afirma que urge establecer una política unificada de empleo público, como recomienda la Contraloría General de la República. Sin embargo, la visión de estos proyectos, responde claramente a los intereses de sectores empresariales y productivos, de abrir portillos para desarticular el Estado más de lo que lo han hecho, y permitir la eliminación de derechos laborales en lo privado y lo público.
Señalamos algunos de los principales aspectos de dichos proyectos de ley de Empleo Público:
1. Permite la fijación unilateral de salarios por el Poder Ejecutivo. Excluye la negociación de aumentos salariales, que serán dictados por el Poder Ejecutivo.
2. Establece un régimen de salario único para todas las y los trabajadores, donde no se admiten pluses o sobresueldos.
3. Permite reducir del aguinaldo las cargas sociales, además del cobro de impuestos.
4. Reduce las vacaciones en el sector educativo, que serán en plazos de 15, 20 o 26 días hábiles, según antigüedad. Podrán ser fraccionadas o acumuladas, lo que permite al patrono no otorgarlas cuando se cumpla el plazo de ley.
5. Elimina garantías básicas del contrato de trabajo en nombre de la eficiencia del sector público.
6. Aumenta la jornada a doce horas, que puede ser mayor cuando la situación se considere imprevisible, ocasional o de fuerza mayor.Los jefes podrán compensar a los servidores con el otorgamiento de tiempo libre. Elimina el pago de horas extras y vacaciones.
7. Crea el derecho de variar unilateralmente los contratos de los empleados y empleadas, permitiendo la reducción de salarios y otros componentes.
8. Prohíbe el salario en especie, limita las anualidades y reduce las jornadas.
9. En casos de urgencia o emergencia, podrá reubicarse a los servidores que requiera para atenderla, y obligarlos a trasladarse a otro ente público.
10. Impone un régimen de disponibilidad, cuyo incumplimiento se considera falta grave y causal de despido.
11. Elimina la estabilidad en el empleo. Se crea la reducción forzosa y la supresión legal de los servicios de las instituciones públicas, bajo criterios arbitrarios .
12. Propone la evaluación de desempeño. La calificación deficiente del servidor será causal de despido.
13. Las licencias se otorgaran por voluntad patronal, valorando merito y evaluación del desempeño y se descontaran de las horas extras.
14. Elimina los principios pro operario del Código de Trabajo, que deja en desventaja a las y los trabajadores a la hora de defender sus derechos laborales ante la Administración.
15. Elimina derechos adquiridos, con solo garantizar una indemnización de tales derechos. A los nuevos trabajadores públicos y a los interinos, les elimina múltiples derechos de manera inmediata.
16. Limita el derecho de cesantía a 12 años, y se elimina este derecho para las y los trabajadores interinos.
17. Autoriza los despidos masivos por restructuración de los entes públicos, así como traslado forzoso del personal a otras instituciones.
18. Aumenta el período de prueba a seis meses, tanto para nombramientos nuevos como ascensos.
19. Autoriza el trabajo a domicilio, sin tomar en cuenta factores para garantizar un buen desempeño y ambiente laboral.
20. Autoriza despidos por razones político electorales y creación de nuevas causales de despido como la "perdida de confianza".
21. Impide a los juzgados de trabajo conocer de asuntos laborales de las y los empleados públicos.
22. Limita la libertad sindical y la negociación colectiva. Limita la representación de los intereses de las personas trabajadoras que realizan los sindicatos, inclusive en casos de reestructuración.
23. Restringe la huelga y actividades sindicales, al prohibir de manera generalizada atender asuntos ajenos a las labores encomendadas durante la jornada.
24. Crea competencias para la Sala Constitucional y la Contraloría General de la Republica, que podrán determinar la razonabilidad de los derechos negociados colectivamente.
2. Establece un régimen de salario único para todas las y los trabajadores, donde no se admiten pluses o sobresueldos.
3. Permite reducir del aguinaldo las cargas sociales, además del cobro de impuestos.
4. Reduce las vacaciones en el sector educativo, que serán en plazos de 15, 20 o 26 días hábiles, según antigüedad. Podrán ser fraccionadas o acumuladas, lo que permite al patrono no otorgarlas cuando se cumpla el plazo de ley.
5. Elimina garantías básicas del contrato de trabajo en nombre de la eficiencia del sector público.
6. Aumenta la jornada a doce horas, que puede ser mayor cuando la situación se considere imprevisible, ocasional o de fuerza mayor.Los jefes podrán compensar a los servidores con el otorgamiento de tiempo libre. Elimina el pago de horas extras y vacaciones.
7. Crea el derecho de variar unilateralmente los contratos de los empleados y empleadas, permitiendo la reducción de salarios y otros componentes.
8. Prohíbe el salario en especie, limita las anualidades y reduce las jornadas.
9. En casos de urgencia o emergencia, podrá reubicarse a los servidores que requiera para atenderla, y obligarlos a trasladarse a otro ente público.
10. Impone un régimen de disponibilidad, cuyo incumplimiento se considera falta grave y causal de despido.
11. Elimina la estabilidad en el empleo. Se crea la reducción forzosa y la supresión legal de los servicios de las instituciones públicas, bajo criterios arbitrarios .
12. Propone la evaluación de desempeño. La calificación deficiente del servidor será causal de despido.
13. Las licencias se otorgaran por voluntad patronal, valorando merito y evaluación del desempeño y se descontaran de las horas extras.
14. Elimina los principios pro operario del Código de Trabajo, que deja en desventaja a las y los trabajadores a la hora de defender sus derechos laborales ante la Administración.
15. Elimina derechos adquiridos, con solo garantizar una indemnización de tales derechos. A los nuevos trabajadores públicos y a los interinos, les elimina múltiples derechos de manera inmediata.
16. Limita el derecho de cesantía a 12 años, y se elimina este derecho para las y los trabajadores interinos.
17. Autoriza los despidos masivos por restructuración de los entes públicos, así como traslado forzoso del personal a otras instituciones.
18. Aumenta el período de prueba a seis meses, tanto para nombramientos nuevos como ascensos.
19. Autoriza el trabajo a domicilio, sin tomar en cuenta factores para garantizar un buen desempeño y ambiente laboral.
20. Autoriza despidos por razones político electorales y creación de nuevas causales de despido como la "perdida de confianza".
21. Impide a los juzgados de trabajo conocer de asuntos laborales de las y los empleados públicos.
22. Limita la libertad sindical y la negociación colectiva. Limita la representación de los intereses de las personas trabajadoras que realizan los sindicatos, inclusive en casos de reestructuración.
23. Restringe la huelga y actividades sindicales, al prohibir de manera generalizada atender asuntos ajenos a las labores encomendadas durante la jornada.
24. Crea competencias para la Sala Constitucional y la Contraloría General de la Republica, que podrán determinar la razonabilidad de los derechos negociados colectivamente.
Visto estos y otros aspectos, el SEC mantiene su firme posición de exigir al Gobierno respeto de las opiniones expresadas en las calles por miles de trabajadoras y trabajadores, que solicitan no enviar ningún proyecto de empleo público a la Asamblea Legislativa, derogar el decreto que otorga rectoría en materia de empleo y salario a la Autoridad Presupuestaria, y garantizar ajustes salariales que compensen el alto costo de la vida, aplicable al semestre en curso, así como para futuros incrementos.
Llamamos a todas las y los trabajadores a dar la lucha ante estos y otros problemas que afectan la sociedad costarricense.
Gilberth Díaz Vásquez
Presidente
Marvin Rodríguez Cordero
Secretario General
Óscar Mario Mora Quirós
Secretario de Promoción y Relaciones Públicas
Secretario de Promoción y Relaciones Públicas
eso me indica que durante éste trimestre no se va a luchar por el ridículo aumento, a no.
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