El Gobierno de Laura Chinchilla envió a debate en sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, dos proyectos de ley para permitir la flexibilización laboral, alterar la jornada de trabajo, disminuir los salarios y beneficios laborales de las y los trabajadores del sector privado. Los proyectos responden a la política laboral de esta administración, orientada a desarticular y desaparecer los derechos de las y los trabajadores.
Ambas iniciativas fueron propuestas por los diputados del Movimiento Libertario Marielos Alfaro y Danilo Cubero, que resucitan así dos proyectos desechados en la Asamblea Legislativa hace varios años, que buscan flexibilizar las relaciones laborales "en tiempos de crisis".
Reformas propuestas para implementar la flexibilización laboral
En el caso del proyecto 18.080, se plantean medidas que afectan a las y los trabajadores, como las siguientes:
- Reducir hasta en una tercera parte, el número de horas de la jornada laboral, con la consecuente disminución del salario a recibir. Y si a un trabajador se le reduce la jornada de trabajo y su salario, tampoco podrá trabajar ni ganar horas extras. Esto también tendrá efectos negativos a futuro, ya que se cotizará menos monto para la pensión (artículo 9)
- El patrono puede disminuir el salario y otros beneficios a los trabajadores (artículo 10)
- El patrono puede adelantar las vacaciones acumuladas, y hasta podrá forzarlo a tomar por adelantado las vacaciones que le iban a corresponder durante "el tiempo de crisis" (artículo 7).
Respecto al proyecto 18.081, sugiere una serie de reformas al Código de Trabajo, para flexibilizar garantías que dicha ley ha protegido durante 70 años. Se sugiere lo siguiente:
- Propone la jornada de trabajo de 12 horas, que podrá ser diurna o nocturna, para una amplia diversidad de actividades económicas, ligadas a trabajo estacional, temporal, y producción y abastecimiento de materias primas, o en actividades "sujetas a variaciones calificadas en las condiciones de su mercado"
- Las mujeres embarazadas podrían ser forzadas a trabajar hasta 10 horas continuas.
- Establecer una jornada laboral diurna y nocturna diferente para "adolescentes menores de edad y otros grupos protegidos", la cual sería dictada por leyes especiales (reforma al artículo 135).
- Se reforma la jornada laboral de los oficios "que no sean insalubres ni peligrosos", que podrá ser de hasta 10 horas, sin exceder las 48 horas semanales. (reforma al artículo 136).
- En las empresas que emplean "mano de obra continuamente o por más tiempo del previsto para un tipo de jornada, se podrán establecer equipos de trabajo alternos. (reforma al artículo 142, que actualmente sólo autoriza esta norma para el sector panadero).
¿Qué se entiende por crisis y cuándo se aplicarían estas medidas?
Los proyectos definen como crisis "una reducción por tres meses consecutivos del índice mensual de actividad económica" .Estos constituye una medida arbitraria, ya que los indicadores no siempre van a tender a la alza, ni es responsable hablar de crisis por el comportamiento económico en un período tan reducido como 3 meses.
En todo caso, la declaratoria de crisis la haría el Poder Ejecutivo vía Decreto. Aunque se asegura que un decreto no podrá regir más de 6 meses, por otra parte se permite al Ejecutivo emitir nuevos decretos "en caso que las condiciones de crisis se mantengan o surjan nuevas situaciones de crisis".
Los trabajadores no tendrán una alternativa real si no desean someterse a este cambio, aunque implique una violación de los derechos que fijan las leyes vigentes. Si no están de acuerdo, solamente se les ofrece la opción de renunciar a su contrato de trabajo, sin responsabilidad para el empleado, decisión que tendrá que tomar en un mes desde que rijan las medidas.
Los proyectos responden al interés de un sector empresarial para legalizar la flexibilización de las jornadas de trabajo que ya se practica en el país, a vista y paciencia del Ministerio de Trabajo. Ambos legisladores, en vez exigir el respeto a las leyes vigentes, más bien fomentan que estas jornadas laborales inventadas por los patronos, se conviertan en la norma. Proyectos similares fueron promovidos en la segunda administración de Óscar Arias.
Los diputados proponentes señalan que el Movimiento Libertario "decidió retomar esta iniciativa por considerarla de gran utilidad en estos momentos en que las economías internacionales aún experimentan los efectos de la crisis económica", una excusa repetida hasta la saciedad, y que contradice la propaganda de Gobierno, que sugiere una Costa Rica recuperada de la crisis y que supuestamente sí avanza.
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