Exigimos al Gobierno destituir a los responsables del golpe a la democracia gestado contra SINTRAJAP

Luego que la Sala Constitucional, mediante Resolución N° 2010-14192, ratificara las violaciones a las libertades sindicales y democráticas, cometidas en contra de la Junta Directiva legítima de SINTRAJAP, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, exige al Gobierno separar de sus cargos, a todos aquellos funcionarios que formaron parte de esta maquiavélica estrategia para desplazar una Junta sindical y abrir paso a un proyecto privatizador de los puertos del Caribe, de aparente progreso, pero en beneficio de unos pocos.

Dos de los actuales Ministros estuvieron directamente involucrados en esta estrategia. Uno de ellos es el de la Presidencia, Marco Vargas, quien manifestó su malestar por el fallo de la Sala. Vargas estuvo involucrado en el pasado, en otros proyectos que causaron más pobreza y pérdida de empleos en la provincia caribeña, como la privatización de PECOSA; esas gestiones se repitieron con sus presiones para forzar la privatización de los puertos de Moín y Limón. Un ejemplo claro de ello fueron sus reuniones de planificación con los directivos ahora destituidos, con quienes se reunía en Casa Presidencial para finiquitar detalles del plan privatizador.

Otro de los jerarcas involucrados, y de quien exigimos la destitución, es el actual Ministro de Obras Públicas y Transportes y ex Presidente Ejecutivo de JAPDEVA, Francisco Jiménez, quien valiéndose de su puesto en JAPDEVA, permitió y fomentó la convocatoria a asambleas ilegítimas de trabajadores, impidió la celebración de encuentros sindicales convocados por el Sindicato que comandaba Ronaldo Blear, para decidir democráticamente la oferta de concesión. Al igual que Vargas, evidenció su malestar por la decisión de la Sala Constitucional. La participación de Jiménez en las mismas reuniones de planificación en Casa Presidencial también evidencia su cercanía y complicidad con esta violación a las libertades sindicales.

Consideramos que algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo, también deben responder por su complicidad y por facilitar las gestiones para inscribir a la directiva alineada por el Gobierno, aún conociendo de antemano y siendo advertidos por el movimiento sindical, de la naturaleza absolutamente ilegal de los actos que cometían al inscribir una directiva elegida sin participación democrática y mayoritaria.

El SEC exige la separación de todos estos funcionarios, por cuanto es incuestionable su irrespeto por la ley, por los más sagrados derechos y principios democráticos, por restringir la libre representación de los trabajadores a través de sus dirigentes sindicales. Señora Presidenta: usted aduce ser honesta, proceda en función de ello, y destituya a estos funcionarios, cuya actuación es nociva para su Gobierno. No se deje embarcar sólo por mantener a  funcionarios de la administración anterior. El Gobierno no debe premiar a estas personas nombrándolos en altos cargos estatales y brindándoles más poder para actuar. Sus actos ha provocado que Costa Rica se encuentre hoy de nuevo sentada en el banquillo de los acusados ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Para garantizar un mejor diálogo en debates candentes como apertura de telecomunicaciones y electricidad, concesiones de obra públicas, minería a cielo abierto y otros de interés nacional, se necesita en la mesa de diálogo a personas sabias, objetivas, tolerantes, con sentido común; perfil del que creemos se alejan los funcionarios señalados.