El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, manifiesta a la opinión pública su rechazo al otorgamiento de permiso para siembra de cultivos modificados genéticamente, y expresa su profunda preocupación por la situación crítica que podría generarse en esta materia, derivado de vacíos legales y de control en el Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria", concretamente en los artículos 117, 118 y 132.
Empresas transnacionales promueven el todo el mundo, la siembra de importantes cultivos, como maíz, papa, harina, frijoles, etc.; cuyas semillas han sido modificadas para resistir a las plagas, acelerar el período de crecimiento, y procurar mejores cosechas. Pero estas transformaciones en el material genético, traen consecuencias negativas para la vida vegetal y animal, incluyendo la humana.
Los cultivos transgénicos producen proteínas, cuyos efectos son variados en las especies que las consumen. Se sabe que estas proteínas permanecen en las tierras de cultivos, en las cosechas recogidas, y se transmiten a otros seres vivos por las cadenas tróficas. En un estudio publicado en Francia en 2012, ratones de laboratorio fueron expuestos al maíz transgénico y pesticidas desarrollados por el empresa estadounidense Monsanto, resultado la aparición de enormes tumores en estas criaturas.
Algunas plantas transgénicas han sido alteradas a tal grado, que las mismas son usadas como potentes insecticidas, que destruyen los sistemas digestivos de los insectos. Afectan no sólo a los insectos que constituyen una plaga, sino que también acaba con la vida de otras muchas especies, como abejas, animales útiles para la agricultura, así como la vida microbiana. Alteran de esta manera los ecosistemas, alterando el delicado equilibrio de la vida.
Los cultivos transgénicos poseen genes muy resistentes, por lo que se imponen sobre otras especies vegetales, impidiendo su crecimiento o alterando sus procesos de polinización. Un cultivo transgénico puede contaminar siembras vecinas, inclusive de otras especies, a kilómetros de distancia, y alterar las cosechas, retrasar o impedir el desarrollo de nuevas plantas. En Argentina, los cultivos transgénicos de soya han invadido zonas protegidas y están desplazando la cobertura boscosa. Las semillas, así como las raíces y otras partes de las plantas, tienen el potencial de volver a crecer, aún años después de descontinuar su cultivo, por lo que su material genético limita el uso de la tierra a futuro.
De esta manera, las semillas transgénicas terminan desplazando a los cultivos locales, obligan a los agricultores a comprar semillas a grandes trasnacionales, reduciendo así la biodiversidad, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, y acabando de hecho con la independencia de nuestros agricultores. El uso extendido de estos cultivos, como ocurre por ejemplo en México, ha despertado un fuerte rechazo de parte de los campesinos y sus comunidades, quienes exigen detener esta práctica. En Costa Rica, a la fecha 45 cantones han declarado sus territorios libres de estos cultivos. Sin embargo, la legislación en la materia es débil.
El Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria, no ofrece un marco de seguridad real ante esta amenaza. Por ejemplo, los artículos 117 y 188 de la norma, contemplan el otorgamiento de permisos de siembra de transgénicos exigiendo tan sólo un certificado, en vez de exigir estudios de impacto ambiental mejor fundamentados. El artículo 132 declara confidencial la información técnica o científica relacionada con otorgamiento de los permisos, contradiciendo los convenios internacionales suscritos por el país en esta materia, además de la extensa jurisprudencia de la Sala Constitucional, que ha señalado la obligación de que esta información sea pública.
Es por ello que consideramos que Costa Rica no debería autorizar el uso de este tipo de semillas, debido a los riesgos que implican para la salud pública. La forma en que se otorgan los permisos es insuficiente para garantizar que no habrá consecuencias que lamentare a futuro. El proceso de otorgamiento de los mismos está muy lejos de las condiciones y requisitos que se exigen en otras naciones, donde se conoce mejor el impacto negativo de estos cultivos.
Consideramos que este Reglamento menoscaba el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, establecido en el numeral 50 de nuestra Constitución Política. En vez de ello, exigimos una reforma para imponer estudios serios y profundos sobre estos cultivos, optando preferiblemente por una moratoria total de los mismos, por los graves riesgos ambientales, agrícolas y sociales que implican los cultivos transgénicos.
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